Pedir peras al olmo.
Pedir peras al olmo, eso es lo fueron a reivindicar los representantes del pueblo catalán a la cámara baja del Parlamento español. Un trámite formalmente necesario pero sin ninguna sustancia que para lo único que ha servido es para proporcionar titulares a los mediatizados medios de comunicación. Bajo mi punto de vista, más allá de mis posiciones respecto al derecho de autodeterminación del pueblo catalán, el debate fue un claro reflejo del fariseísmo y cinismo que practica sistemáticamente el partido del Gobierno, no sin una cierta dosis de connivencia por parte del principal partido de la oposición. Sólo hay que detenerse en la réplica dada por el Presidente Mariano a los representantes catalanes para entender que lo del diálogo político debe quedarse en el rincón de pensar y que lo del espíritu de la Transición (transacción) es cosa de los funerales de Estado. Digo esto porque mi indigna el doble rasero que se utiliza para tratar ciertos temas y prostituir, de paso, a la denostada Constitución Española, que según los vientos que soplen, Mariano y sus acólitos , se la ponen por montera o la utilizan de papel higiénico. Voy a recordar varios episodios, de los muchos que hay, para justificar lo que digo.
¿ Se acuerdan de las mesas que el Partido Popular montó para recoger firmas en contra del Estatuto de Cataluña? Pues bien, esa medida patrocinada y organizada por Génova atentaba contra la Constitución al vulnerar su artículo 87.3. El fin de esa iniciativa era la de recoger firmas ( más de 500.000) para tirar por tierra el Estatut. Sabido es que los Estatutos de Autonomía tienen la naturaleza de Ley Orgánica y por tanto, como señala el artículo citado no se pueden plantear iniciativas legislativas populares a través de la recogida de firmas. Don Mariano en este caso se pasó la Constitución por el forro.
Otro caso de inobservancia grave y partidista de la Constitución con funestas consecuencias fue el “Pacto de las Azores”, un tratado militar en toda regla, que además de ir en contra de una Resolución de las Naciones Unidas, precisaba un consentimiento y autorización previa de las Cortes Generales, tal como precisa el artículo 94.1 de la Carta Magna. Asunto este que el Señor Aznar se pasó por el forro.
De la misma manera podríamos hablar del nombramiento del Presidente del Tribunal Constitucional respecto al asunto de las incompatibilidades ( artículo 159.4 de la Constitución) ; decretos leyes respecto a reformas laborales ; transferencias de competencias interesadas….
A Castilla y León, por ejemplo, se le ha transferido la competencia sobre la gestión de las aguas del Duero, una competencia que se considera exclusiva del Estado y no ha pasado nada.
Andalucía copió literalmente el artículo sobre consultas populares del Estatuto de Cataluña y, curiosamente, sólo se ha declarado inconstitucional el Catalán y no el Andaluz, produciéndose una paradoja inconcebible : que los andaluces puedan plantear una consulta sobre la independencia de Cataluña .
En un estado democrático tendría que ser una máxima el dar preminencia a las consultas o a la participación popular, sea vinculante o no, de lo contrario denotaría una imperfección del sistema que nos retrotraería a tiempos pasados y una atribución ilegítima del ejercicio de la Soberanía.
La solución, como ha señalado el Tribunal Constitucional pasa por un acuerdo político, el cual bajo mi punto de vista no plantearía ningún problema jurídico. El problema es que el Partido Popular percibe este asunto como un granero de votos.